Por Pancho J. Alegría - Fuente: www.aporrea.org
El pueblo venezolano, el que vive del esfuerzo diario de su
trabajo asalariado, el que se levanta cada día, antes de que salga el sol, para,
de manera honesta y con gran esmero, ganarse el pan de cada día, el que genera
la plusvalía que es apropiada por los propietarios de los medios de producción
para hacerse cada vez más ricos y más explotadores y, muy especialmente, el
pueblo bolivariano que inscrito o no en los partidos y movimientos que
respaldan el proceso revolucionario, el mismo varias veces se ha resteado con
su gobierno, con su líder eterno, Hugo Chávez Frías, y hoy con las y los que
encarnan su legado, la gran mayoría de este país pues, nuestro país, mi país,
celebra la decisión, aunque tardía, de la Fiscalía General de la República de
encausar penal y civilmente a los que utilizando sus puestos direccionales en
el proceso revolucionario ser han enriquecido con los dineros del Estado,
dineros del pueblo (nuestros, míos).
Por ello celebra los recientes autos de detención que se han
venido produciendo en el país, relacionados ellos con ex-alcaldes, sin presumir
de antemano su culpabilidad o inocencia, por ahora… Pero también nota que en
los tres casos, públicos y notorios, se trata de militantes (¿ex militantes
ahora?) que no obedecieron la línea oficial y lanzaron sus candidaturas en
contra de la decisión de la cúpula del partido, la que todo lo decide dentro
del PSUV, o contravinieron las órdenes de ese todopoderoso mando castrense,
perdón partidista, ejemplo de democracia participativa y protagónica, o sea…
Ello llama la atención de ese pueblo, nuestra atención, mi
atención, y, a la vez, la sospecha de que contra aquellas y aquellos que
presuntamente también han delinquido, pero que no han osado contravenir las
ordenes emanadas del cogollo, no se alzará la mano justiciera de la Fiscalía
General de la República y demás órganos contralores del Estado.
En el caso particular de la fiscalía, ella debería notar que
de estar su padre vivo, para dar el oportuno, sabio y honesto consejo
(característico de su personalidad, atada ésta a la ética revolucionaria, como
fiel militante, camarada del proceso revolucionario venezolano), seguro le
subrayaría que “no es de revolucionarias dar la espalda a hechos bochornosos
contra el erario público porque sus autores son de la cúpula gubernamental, por
el contrario, la mano justiciera de los organismos del Estado tienen el
derecho, y por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela el deber de sancionar a tales delincuentes. Perdonarles es atentar
contra el proceso revolucionario, es debilitarlo, es conducirlo al fracaso”. Le
diría, nos diría, nos dice que: “…contra ese tipo de delincuente se debe actuar
con mayor severidad y celeridad, pues hacen más daño a la Revolución que los
eternos delincuentes que militan en la contrarrevolución…”.
Públicas y notorias han sido las denuncias (profusamente
documentadas) en contra de “camaradas” de importante relevancia en este
proceso, denuncias aparecidas en medios impresos nacionales y regionales, que
ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni el Poder Judicial, ni la Asamblea
Nacional, entre otros órganos del Estado que les compete controlar, investigar
y sancionar, han tomado como “noticia criminis” para proceder en consecuencia.
Parece que ello solamente sirve de expediente secreto para llegado el momento
en que la o el “camarada” osen enfrentar la cúpula gubernamental, esta “les
pase factura”. A partir de ese momento descubren, descubrimos, me permiten
descubrir, cuan delincuente ha sido, ahora sí, el o la “ex camarada” en
cuestión.
Ese pueblo honesto y trabajador, la mayoría pues del pueblo
venezolano, no es pendejo ni se chupa el dedo. De los casos de alcaldes
“corruptos” reseñados por la prensa nacional, tomaré sólo tres para analizar:
el del alcalde de Valencia llama la atención del pueblo venezolano, al
valenciano, y especialmente de la militancia que desde un inicio de la gestión
de Edgardo Parra detectó visos de corrupción, enteró de tales irregularidades
al “viejo” Agüero y a cuantas instancia pudo acudir, quienes tenía, tienen, la
obligación de reportar a la dirección del partido, lo hayan hecho o no tampoco
es escusa, porque el pueblo se lo voceó a Chávez en oportunidades que visitó el
estado Carabobo. En todo caso, la Fiscalía tenía el deber de investigar y proceder
en consecuencia. ¡Ah, dio la espalda al hecho delictual! Eso es un delito… Y
el “viejo” Agüero cometió dos delitos: uno, no haber denunciado ante los
órganos competentes del Estado (no ante el PSUV) la situación delictual con las
pruebas, o indicios, que el pueblo bolivariano durante largos años le aportó.
El pueblo vive en la calle y allí se topa con “patas en el suelo” que de la
noche a la mañana exhiben tanta riqueza. El segundo delito lo cometió el
“viejo” Agüero contra el Proceso Bolivariano, porque su falta de ética
revolucionaria lo llevó a “cabronear” a los Parra y sus secuaces, que de paso
no han sido denunciados aún. ¿Será que nos los tenemos que seguir calando, y de
paso en puestos claves del partido y organismos del gobierno nacional y estadal?
El caso de Maturín es más bochornoso, tanto para el gobierno
(Nicolás Maduro amenazó públicamente a Numa Rojas el mismo día de la derrota
electoral en esa alcaldía) como para el cogollo del partido y peor para la
Fiscalía (aparece cumpliendo órdenes del cogollo del partido) que en tantos
años no había procedido como era su deber. Público y notorio fue el
comportamiento de la “Yaya”, compañera sentimental de Numa, a quien se achaca
todos los “presuntos” desmanes administrativos cometidos en esa alcaldía, en
los tiempos de Rojas. El pueblo no es ciego, lo de “público y notorio” se puede
“notar” en notarias y registros de los estados Monagas y Sucre donde los
sabuesos del CICPC se pudiesen dar banquete; eso si quisiesen o se les
ordenase.
De paso, aunque no viene al caso, no es necesario haber
realizado altos estudios de sabueso para en menos de una semana dar con el
paradero de los que nos estafaron los VEINTIDOS MIL MILLONES DE DOLARES
(22.000.000.000,oo). Pero… esperaremos que altos comisionados, especialistas
en “Cadividitis” le anuncien al país, nos anuncien, me anuncien, quiénes nos
robaron los reales. Lloverá y veremos porque…
El tercer caso, correspondiente a la alcaldía del municipio
Moran, en el estado Lara, es más sintomático de lo que a retaliación política
se refiere. Así parece, porque a decir del pueblo bolivariano, que no es
pendejo y está en la calle, a Fidel Palma le están “pasando factura” de la
gorda sin tener la burocracia “roja-rojita” de dónde agarrarse, porque (sin
tener la intención de meter la mano a su favor) es el mismo pueblo, con sus
organizaciones sociales (probadas en la lucha revolucionaria), que sale a
defender a “su camarada”, quien les demostró no solamente haber sido un claro
defensor del proceso revolucionario sino de su pueblo. Tanto es así que la
torpeza de las mandadas y mandados a “proceder como indica la Ley” pone en
entredicho la acción retaliativa del citado cogollo. Un connotado representante
del cogollo, Dip. Pedro Carreño, tuvo el descaro de amenazar, esposas en manos,
cual vulgar gendarme imperial, de mandar preso al compatriota Fidel Palma,
costase lo que le costase.
Hablando de costos y en relación al citado diputado, queda
por averiguar cuál fue realmente el costo de las cédulas de identidad que él
debía obtener para el país, nuestro país, mi país. ¿Asumirá la Comisión de
Contraloría de la Asamblea Nacional esta investigación? El pueblo que no es
pendejo, ni se chupa el dedo, estará pendiente de la acelerada actuación de
dicha comisión en el mencionado caso, pero…
A todas estas, ¿quiénes componen el referido cogollo? ¿Qué
tratan de ocultar? ¿Cuántos de sus miembros han sido acusados “pública y
notoriamente” de hechos delictivos que condujeron a la perdida dineros del
pueblo y de entidades como gobernaciones y alcaldías, muchos de ellos llamados
ladrones, con pruebas profusamente documentadas, en medios de comunicación
pública sin haber oído, de parte de ellas y ellos un desmentido, acompañado de
demandas civiles y penales contra quienes osaron denunciar públicamente sus
“presuntas” fechorías, cometiendo así actos de difamación e injuria, penados
por la Ley?
¡¡Ah debemos esperar que tengan un “no” o una “desavenencia”
para que se descubra, descubramos, descubra yo, lo “malos y malas” que eran,
que son, que seguirán siendo!!
Amanecerá y veremos porque… SABINO MARCÓ EL CAMINO, NOS
MARCA EL CAMINO, ME MARCA EL CAMINO…
Pancho J. Alegría. Hijo de pueblo.
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